Por unanimidad, el Poder Legislativo acordó desaparecer el Organismo Implementador de la Reforma Penal, transfiriendo sus funciones al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, así como sus recursos financieros, humanos y materiales.

Lo anterior, en virtud al dictamen que elaboró la Comisión de Justicia a raíz de la iniciativa que en su momento presentó el Poder Ejecutivo del Estado.

De esta manera, el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, será el enlace operativo de la instancia tripartita coordinadora para la consolidación del Sistema de Justicia Penal, estableciendo en su reglamento interior las atribuciones para tal efecto.

Además, se designa a la Secretaría de Finanzas y de Administración del Estado para que mediante sus atribuciones vigile el trámite de liquidación en lo referente a la información financiera del Organismo Implementador de la Reforma Penal, con saldos ajustados y cierres contables.

Así como las cuentas por cobrar y sus estados financieros, así como las que en su caso quedaron registradas en cuentas de orden; el activo fijo y su estado; descripción del pasivo y su estatus derivado a la extinción del citado organismo; en concordancia con la Secretaría de Contraloría del Estado.

Cabe recordar que, en virtud del mandato constitucional, el Estado implementó el citado Sistema iniciando el 14 de diciembre de 2009, y concluyendo con la implementación en todos sus distritos después de ocho años, por lo que, para llevar a cabo los trabajos de extinción del Organismo Público, se instruye a la Secretaría General de Gobierno, toda vez que se ha cumplido con los fines para los cuales fue creado.