Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó la Ley de Asociaciones Público-Privadas para Durango, con la finalidad de promover nuevos esquemas de asociación con la iniciativa privada y los gobiernos, lo que permitirá realizar más obras de infraestructura que permitan atender las necesidades de los durangueses e impulsar el desarrollo de la entidad.

Lo anterior, una vez que la Comisión de Administración Pública analizó la iniciativa preferente que en su momento presentó el Gobernador del Estado, José Rosas Aispuro Torres; dictamen que puso a consideración del Pleno de la Legislatura.

La presidenta de la citada Comisión, Patricia Jiménez Delgado señaló de que esta manera se establece el marco jurídico que formaliza las asociaciones de la administración pública estatal y municipal con los particulares para la prestación de servicios, incluidas aquellas en las que se requiera construir infraestructura, mediante esquemas de financiamiento distintos a los contemplados en las leyes vigentes.

Agregó que este nuevo marco legal podrá ser aplicado en prácticamente todas las obras y servicios públicos prestados por los gobiernos estatal y municipales, buscando el bienestar para las familias duranguenses.

Cabe destacar que cada día las demandas de mejores servicios públicos representan fuertes presiones para las finanzas públicas, por lo que no sólo es necesario dar mantenimiento y modernizar la infraestructura ya existente; también se requiere acelerar nuevos proyectos en aquellos sectores que así lo requieren.

En este sentido, los esquemas de asociación público-privada procuran satisfacer las necesidades de la sociedad, con la participación conjunta del sector público y el sector privado, procurando una transferencia equitativa de riesgos entre uno y otro, a través de mecanismos flexibles, que se traducen en una gran variedad de modalidades, según las necesidades de cada proyecto.

De esta manera, el sector privado se convierte en proveedor de servicios de la administración pública estatal, con la obligación indirecta de construir la infraestructura necesaria para la prestación de tales servicios en los casos que así se requiera.

La novedad de enfoque de estos esquemas es que el Estado celebrará un contrato para recibir del sector privado la prestación de un servicio y no la adquisición de activos fijos.

Al respecto, se abroga la Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios para el Estado, por lo que los proyectos que se hayan iniciado bajo la vigencia de dicha ley podrán continuar rigiéndose por las disposiciones de la misma, previo acuerdo de los que en ellos intervienen que podrán modificarse para adecuarse a los términos del nuevo ordenamiento.