Aprueba Congreso reformas para transparentar obras públicas

diciembre 9, 2017
Aprueba Congreso reformas para transparentar obras públicas

Por unanimidad, los diputados locales aprobaron las reformas a la Ley de Obras Públicas del Estado, con la finalidad de poner a Durango a la vanguardia en la transparencia de las obras que se realicen en la entidad por parte del gobierno estatal y municipal.

De esta manera a  través del dictamen presentó la  Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas al Pleno de la Legislatura, se establece  que el contratista deberá tener a la vista y por el tiempo que dure la construcción de la obra pública una lona que mida dos metros de largo por un metro de ancho, con los datos generales de las acciones a realizar.

Entre ellos, la dependencia, entidad o ayuntamiento contratante; tipo de contratación,  nombre de la obra y número de contrato, nombre del contratista; fecha de inicio y de terminación y  responsable de la obra.

Cabe destacar que en materia de obra pública la transparencia debe interpretarse y ejercerse como la apertura total de la información correspondiente de manera sistemática, es decir, la realización de la obra pública a la vista y al escrutinio de todos.

Por lo tanto, las mejores prácticas para la transparencia en la realización de obra pública deben ser generadas por el diseño y la aplicación de normas que entiendan a la transparencia de la obra pública como un elemento que impulse el desarrollo social estatal y municipal.

Lo anterior, dando lugar a información continua, veraz, oportuna que generen las condiciones necesarias para que la sociedad pueda conocer cómo se ejerce el gasto público.

Por ello, con las reformas, los diputados locales están generando las condiciones adecuadas para que los planes y programas del Estado y municipios se puedan llevar acabo de manera más eficiente y que posibiliten la transformación de una cultura de gobernanza tradicional, opaca y con poca información que no permite la progresión de la vida democrática.

Además permiten transitar a mejores formas de gobierno, obligando a un ejercicio transparente y adecuado de los recursos públicos por parte de la autoridad competente, dando lugar con ello, a una nueva gestión institucional del Estado y municipios.

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