Los diputados locales aprobaron las reformas a la Ley de Hacienda del Estado, con la finalidad de precisar la cooperación de los entes fiscalizadores con la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE), en el proceso de comprobación y revisión de los recursos públicos para así poder erradicar la corrupción.

De esta manera, los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública coincidieron en que la corrupción desencadena acciones que constituyen un importante obstáculo para el crecimiento de la economía.

Por lo que es necesario contar con mecanismos específicos para asegurar la coordinación y cooperación entre las agencias involucradas además de otorgarles certeza jurídica a aquellos entes que manejan recursos públicos, así como de crearles conciencia sobre la responsabilidad en la aplicación de dichos recursos.

De esta manera, se establece que cuando los fondos no han sido aplicados a los fines que, destinados por la ley, deberán hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública en forma inmediata, por parte de las autoridades estatales y municipales.

Por su parte, cuando la Entidad de Auditoría Superior del Estado, detecte que los recursos de los Fondos no se han destinado a los fines establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, deberá hacerlo del conocimiento inmediato de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Al respecto, las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos del Estado, municipios y Organismos Constitucionales Autónomos por el manejo o aplicación indebidos de los recursos de los Fondos serán determinadas y sancionadas por las autoridades federales, en los términos de las leyes federales aplicables.

Además, se establece que las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los fondos a que se refieren los Fondos de Aportaciones Federales de la Ley de Coordinación Fiscal, que reciba el estado y, en su caso, los municipios, no serán embargables, ni los gobiernos correspondientes podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlas ni afectarlas en garantía o destinarse a mecanismos de fuente de pago, salvo algunas excepciones plasmadas en la Ley.