Congreso da cumplimiento a sentencia contra Alcalde

febrero 28, 2018
Congreso da cumplimiento a sentencia contra Alcalde

El Congreso del Estado emitió una resolución fundada y motivada e impuso una multa al Alcalde de Durango, José Ramón Enríquez Herrera, de 89 mil 713 pesos con seis centavos, además realizará una amonestación privada por haber promocionado su imagen públicamente una vez iniciado el proceso electoral.

Lo anterior, en virtud a la sentencia emitida por la Sala Regional Especializada de la Sala Central del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con número de expediente SER-PSC-139/2017.

De esta manera y para efectos de la ejecución de la sanción relativa a la amonestación privada se citará legalmente Enríquez Herrera para que acuda personalmente a la Comisión de Responsabilidades, para hacerla efectiva.

Además, se apercibe al presidente municipal a no incidir nuevamente en las conductas que dieron origen a la presente sanción, pues su reincidencia dará curso a procedimientos de responsabilidad que castiguen en grado severo su reiteración.

Lo anterior con el propósito de preservar el cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia que debe observarse en el desempeño del Servicio Público.

En este sentido, la Entidad de Auditoria Superior de Estado deberá constatar que la multa impuesta como sanción económica se ingrese debidamente a la Tesorería Municipal, en un término no mayor de 10 días hábiles a partir de la legal notificación del presente acuerdo.

La sanción se da por infracción al párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por ello, se notificará personalmente a Enríquez Herrera y se hará del conocimiento de la Sala Regional Especializada de la Sala Central del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

De la misma manera, se iniciará otro procedimiento sancionador, toda vez que la Sala Superior ha confirmado la sentencia recaída en otro procedimiento y ha conformado la competencia del Congreso de Estado para imponer otras sanciones.

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