La diputada Marisol Peña Rodríguez presentó la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el propósito de favorecer el acceso a la justicia de las personas con discapacidad y de esta manera se puedan emitir resoluciones en formato braille y desahogar las audiencias en lenguaje de señas.
Al realizar la ampliación de motivos, la también presidenta de Comisión de Atención a Personas con Discapacidad, Enfermos Terminales y Adultos Mayores; destacó que desde tiempo atrás, las personas con discapacidad han sido discriminadas y excluidas en muchos ámbitos de la sociedad; pero afortunadamente, en los últimos años se han sentado las bases para crear una nueva conciencia ciudadana que ha tenido la visión de promulgar nuevas leyes y reformar en su beneficio.
Por ello, su propuesta prevé incorporar que los jueces y magistrados impartan justicia en los casos que involucren a personas con discapacidad, aplicando ajustes razonables que consideren pertinentes conforme a la normatividad de la materia, especialmente en los casos donde estén involucrados indígenas, mujeres y niñas con discapacidad.
Peña Rodríguez puntualizó que, en el caso del ámbito judicial, por mencionar algunos ejemplos, las adecuaciones pudieran consistir en que los jueces también emitieran sus resoluciones en formato braille si está implicada una persona con discapacidad visual, o que una audiencia pública también sea desahogada en base a la lengua de señas mexicana, para el caso de personas con discapacidad auditiva.
De la misma manera, propuso que el Consejo de la Judicatura emita acuerdos para que el personal del Poder Judicial aplique obligatoriamente los contenidos del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad, el cual es un documento elaborado por expertos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Finalmente, la representante popular comentó que es importante resaltar que el acceso a la justicia es un derecho que tenemos todos los mexicanos, pero en materia de discapacidad cobra relevancia porque ese segmento de la población es considerado como grupo vulnerable por mandato de nuestra Constitución local.