Cada llamada en falso a los sistemas de emergencia y de denuncia pone en riesgo la vida y el patrimonio de quien necesita ayuda, consideró la diputada Rosa Isela de la Rocha Nevárez; por ello, propuso penas y multas más severas a los infractores de este delito.

De esta manera, al que haga uso indebido de los números de emergencia se le impondrá de seis meses a tres años de prisión o multa de 30 y 100 veces la Unidad de Medida y Actualización.

Además, si con la llamada o mensaje en falso se produce un daño, se altera del orden público o se distrae el estado de fuerza de la autoridad, se impondrán de dos a cinco años de prisión y multa de 70 y 300 veces la Unidad de Medida y Actualización, además de condenar al infractor a la reparación de los daños ocasionados y la indemnización de los perjuicios.

En el caso de que el uso indebido de los números de emergencia sea para el reporte en falso de la colocación de bombas o cualquier artefacto explosivo en edificios públicos, instituciones educativas o lugares de concentración masiva, la penalidad del autor será de tres a seis años de prisión y multa de 500 a mil 500 veces la Unidad de Medida y Actualización.

En caso de reincidencia se aumentará la sanción en un 50 por ciento, en cada uno de sus supuestos sancionados en el presente artículo.

Cuando las llamadas o mensajes falsos las realicen menores de edad se sancionará con servicios en beneficio de la comunidad de acuerdo a lo establecido en el Código de Justicia para Menores Infractores en el Estado de Durango.

“Este tipo de conductas no son una travesura, sino que constituyen conductas criminales que ameritan castigos proporcionales que contribuyan a inhibir su reproducción”, recalcó Rosa Isela de la Rocha.