El Poder Legislativo desechó la iniciativa preferente del Gobernador del Estado correspondiente a la Ley de Contratación Pública del Estado y sus Municipios, ya que implicaría la centralización de las contrataciones y trasgrede la independencia y operatividad de los Poderes, los organismos autónomos y la autonomía de los Ayuntamientos.
“El grupo parlamentario de Morena debe iniciar la cuarta transformación de Durango con responsabilidad y apego a la legalidad, siempre en pro de la sociedad, y desde luego, fuera de cualquier tinte de interés personal o partidista”, precisó el diputado Pablo César Aguilar Palacio, Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, al momento que se sometió a votación la propuesta.
Además, destacó que la iniciativa quebranta la participación de las empresas locales, ya que la misma determina que en las Contrataciones Públicas, los Entes Públicos observen que solo el 75 por ciento de éstas se realicen con personas físicas o morales cuyo domicilio fiscal se encuentre establecido dentro del territorio del Estado, aunado a que solo se tendría acceso al 50 por ciento del presupuesto.
“La iniciativa sería viable jurídicamente, si solamente regulase a la administración pública dependiente del gobierno del estado; pero tal propuesta no fue aceptada en las reuniones técnicas de trabajo; ya que se buscó continuar con el esquema de centralizar el proceso de compras, adquisiciones y licitaciones de obras públicas del poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, municipios, y organismos autónomos”, subrayó.
Agregó que otro tema medular de la propuesta del Ejecutivo Estatal es que la Secretaría de Contraloría, desarrollaría, habilitaría, pondría en marcha y estaría a cargo de un sistema electrónico, que contenga la información pública de las contrataciones realizadas, incluyendo, desde la presupuestación hasta la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por los proveedores y contratistas; donde no habría participación de ningún otro ente público.
“Con el estudio, análisis y juicio tanto jurídico como legislativo, estamos ciertos que dicha iniciativa trasgrede lo establecido en los artículos 134, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 160, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango”, puntualizó en la máxima tribuna.
En lo que se refiere a la Licitación Pública Electrónica prevista en la iniciativa, aclaró que no combate la corrupción de fondo, ya que tanto el Padrón de Proveedores y Contratistas, el Sistema de Compras Gubernamentales y Contratistas, y el registro público de contratos celebrados por los entes públicos, serían manejados por servidores públicos de la misma Contraloría.