Desde la tribuna del H. Congreso del Estado, la diputada Elia del Carmen Tovar hizo un llamado a las instituciones de salud, tales como IMSS e ISSSTE, para dejar de tomar la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como el referente principal para realizar el balance de las jubilaciones de los pensionados, ya que esta medida representa 17 por ciento menos ingreso que el reflejado por parte del Salario Mínimo establecido, por cada trabajador.
Explica la legisladora local que desde 2017 entró en vigor el Decreto en materia de desindexación del salario mínimo, reformándose los numerales 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efectos de crear la UMA como elemento de referencia para determinar el pago de las obligaciones previstas en las leyes federales.
“Ante esta situación trabajadores inconformes se manifestaron en diferentes instancias con el fin de que no fuera utilizada la UMA como referencia para fijar su pensión, ya que su valor es menor al salario mínimo, lo cual afecta significativamente sus ingresos”. Expuso ante los compañeros diputados.
Agregó la legisladora de morena que la UMA tiene un valor actual de 84.49 pesos, mientras que el salario mínimo tiene un valor de 102.68 pesos, siendo 18.19 pesos la diferencia al momento de estimar el monto de las jubilaciones, y teniendo como resultado la afectación en el salario con un 17.71 por ciento.
“Una pensión mensual calculada en UMAs, con la base que planteamos sería de 12mil 673 pesos, mientras que, calculada en salario mínimo, sería de 15 mil 402 pesos, es decir una diferencia de casi 3 mil pesos, aproximadamente”.
Puntualizó que el grupo parlamentario de Morena atendió la solicitud de los trabajadores afectados y presentó ante el Congreso, en noviembre de 2018, una iniciativa de reforma al artículo 123 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por tal motivo y ante tal acontecimiento, se realizó un llamado desde lo alto de la tribuna a las autoridades del IMSS e ISSSTE para dejar de lado las cuestiones administrativas, burocráticas y legales, ahorrando el gasto de demandas, ya que es un derecho y no una solicitud de aumento, privilegiando un pago digno, y por ende, calidad de vida para todos los jubilados del país pero en especial los de nuestro Estado.