La iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Pública del Estado, tiene por objetivo responsabilizar a las corporaciones por las violaciones a los derechos humanos que cometan los policías, garantizando la indemnización correspondiente a las víctimas, destacó la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sandra Amaya Rosales.

‘Sabemos que las debilidades del sistema de justicia, la casi absoluta impunidad y la mala preparación de la Policía son una mezcla peligrosa que hace que los arrestos y las detenciones arbitrarias sean una realidad cotidiana, que abre la puerta a otras violaciones de derechos humanos’, resaltó durante la sesión ordinaria.

Por ello, al realizar la ampliación de motivos de la iniciativa, consideró importante reflexionar sobre el actuar de las instituciones de seguridad pública y de los funcionarios que las dirigen, los cuales evidentemente están ocupados por promocionar su imagen pública.

‘El Gobierno estatal y municipal le han quedado a deber a la ciudadanía, no presentan resultados visibles’, destacó Amaya Rosales a nombre de la coalición ‘Cuarta Transformación’.

En este sentido, explicó que el deber de funcionarias y funcionarios públicos siempre será velar por la protección de las víctimas, proporcionarles ayuda, asistencia o la reparación integral de las mismas; reconocer y garantizar el acceso de los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, y en caso de incumplimiento quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar.

‘Es por esto que, preocupados en evitar la revictimización, sin condicionar en ningún momento las medidas de compensación, debemos consolidar que todas las victimas cuenten con el acceso a su derecho de reparación del daño’, resaltó Amaya Rosales.

De esta manera, dijo que se verá una efectiva consolidación del Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos, reconocidos por Constitución Política y los tratados internacionales de los cuales México es parte.