Desafortunadamente y de manera preocupante, se conoce que actualmente el 99 por ciento de los organismos operadores de agua encargados del saneamiento y suministro del servicio en dos mil 469 municipios del país se encuentran financieramente quebrados, según información del presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua y Saneamiento de la Cámara de Diputados.

Dichos organismos viven esta situación lamentable, debido a que carecen de adecuados sistemas de recaudación y falta de normas y tarifas claras aplicables a los grandes consumidores, lo que se traduce para el erario federal en una pérdida mayor a 100 mil millones de pesos anuales.

«A pesar de que el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alcanzó niveles históricos para obras de infraestructura, al pasar de 23 mil 727 millones en 2019 a 68 mil 485 millones de pesos en 2023 y 62 mil 674 millones a ejercer en este año, el problema de abasto eficiente de agua, además de la intensa sequía que está enfrentando el país, es multifactorial consecuencia de que en las últimas Administraciones federales se fue generando una condición de rezago en cuanto a los requerimientos hídricos del país”.

Según información de los propios organismos, se conoce que solo recaudan 17 mil 500 millones de pesos anuales, lo que representa el 28 por ciento del presupuesto federal de la Conagua por la prestación del servicio.

De tal manera que, de las tres mil 961 plantas de tratamiento de aguas residuales presentes en el país, dos mil 500 no operan eficientemente y mil 330 están apagadas o fuera de servicio, lo que indica “que se están desperdiciando grandes volúmenes de agua que podrían ser utilizados en la agricultura e industria donde está más del 82 por ciento del consumo en el país”.

Ante la crisis hídrica, en los últimos 15 años y sobre todo para garantizar el suministro a futuro, necesitamos emprender una gran cruzada nacional para la fiscalización del agua que, con el cobro justo, genere los recursos suficientes para invertir 130 mil millones de pesos anuales que requiere el reequipamiento del sistema hídrico, según recomendación de las Naciones Unidas para alcanzar cuando menos el uno por ciento del PIB”.

La crisis de este vital liquido, es particularmente extrema en once entidades del país, se hacen esfuerzos extraordinarios para mantener el suministro, mismo que esperan se regularice hacia mediados de junio con las primeras lluvias, de la misma manera informo que los organismos operadores enfrentan un preocupante déficit financiero debido a que estados y municipios, de los cuales dependen, operan con subsidios en las tarifas con lo que tienen que trabajar, además de que menos de 65 por ciento de los consumidores, como media nacional, paga regularmente su consumo de agua, lo cual se refleja en la baja recaudación.

“Lo que se enfrenta es una cultura del no pago por ser el acceso al agua un derecho humano que no se puede restringir, pese a que implica bombeo, potabilización y conducción del suministro a los hogares del país».

Uno de los temas que más preocupan es la reducción de 14 mil millones de pesos en 2016 a solo mil 950 millones de pesos de los subsidios del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Proagua) destinados a aumentar la cobertura de los servicios de agua potable que prestan los organismos operadores de los municipios en las zonas urbanas y rurales.

“Ese presupuesto que se asigna a los Gobiernos de los estados y municipios, es el que acompaña a los organismos operadores para atender sus programas de ampliación, mantenimiento y construcción de infraestructura, por lo que el recorte podría limitar proyectos de inversión para la gestión y dotación eficiente del agua que por ser un derecho humano es un asunto que debe ser tratado como prioridad nacional”.

Óscar Ocampo, coordinador de energía y medio ambiente del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), comentó que, por las tarifas subsidiadas y escasa recaudación, la mayoría de los organismos operadores enfrenta pérdidas que tienen que ser contrarrestadas con aportaciones de la Federación a través de la Conagua.

«La realidad es que fuera de las grandes ciudades, muy pocos tienen recursos para una gestión eficiente del agua o para invertir en tuberías, alcantarillado y sistema de cobro eficientes, por lo que la gran mayoría opera, pero con alguna u otra deficiencia que afecta a los usuarios”.

En el caso del Municipio de Durango, AMD es un organismo público descentralizado que basa su operación con el 100 por ciento de recursos generados de ingresos propios que los usuarios del organismo pagan en sus recibos.

Este organismo actualmente se encuentra dentro del 1 por ciento que presenta finanzas sanas, es decir con números negros, a pesar de no recibir subsidio de operación de ningún orden de Gobierno.

AMD opera en la ciudad cinco plantas de tratamiento que cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas respectivas, por lo tanto, en la ciudad de Durango se está tratando el 100 por ciento de las aguas negras generadas por la población.

AMD ha logrado estas finanzas sanas a pesar de diversas adversidades: el costo de la energía eléctrica, que constituye el 40 por ciento de los gastos, se ha incrementado en más de un 140 por ciento en los últimos cinco años; el costo de combustibles e insumos diversos como el cloro ha mantenido un ritmo similar en sus incrementos; anteriormente, el Gobierno federal otorgaba a los organismos operadores estímulos para operar las plantas de tratamiento, que en el caso de AMD eran del orden de 43 millones de pesos anuales, mismos que dejaron de ingresar desde 2017.

Para hacer frente a este escenario adverso, se implementaron las medidas siguientes:

Buscar una mayor eficiencia del servidor público, mediante la optimización de sus tareas y una mayor profesionalización de los perfiles. Esto ha permitido que el número de empleados por cada mil tomas se ubique en 3.1, siendo el promedio nacional de 6.2. El gasto por concepto de nómina representa solo el 34 por ciento del gasto total.

Se implementó un programa de eficiencia energética, que consta de distintas estrategias operativas, así como de sustituciones de equipos con baja eficiencia, que ha permitido que el gasto de energía eléctrica en los últimos años permanezca constante, a pesar del aumento en el precio del kilowatt hora por parte de la CFE.

Se han implementado medidas de estímulo al usuario cumplido, buscando que esto se refleje en una mayor recaudación. Asimismo, se ha impulsado, contando con el apoyo del Congreso del Estado, un esquema tarifario en el que se incentive con menos costo al usuario que ahorra el agua y se establezca una tarifa progresiva mayor para el que consuma más agua.

Las finanzas sanas de AMD han permitido que los pequeños superávits que se obtienen sean reinvertidos en renovación de redes obsoletas de alcantarillado y agua potable, evitando, por una parte, fugas de aguas negras, y por la otra, el ahorro de más de cinco millones de litros de agua que antes se desperdiciaban por las fugas. Esto a su vez se traduce en menores costos de operación y mejor servicio.

Finalmente, todas estas acciones y resultados no hubieran sido posibles sin la participación directa de los usuarios cumplidos, los trabajadores y el Consejo Directivo de AMD, apoyados en todo momento por el Congreso del Estado.