El Pleno del Congreso de Estado aprobó las reformas a la Ley de Fomento Económico para el Estado, con la finalidad de establecer una regulación precisa de las agrupaciones empresariales.
La Comisión de Desarrollo Económico sometió a consideración de los integrantes de la Sexagésima Séptima Legislatura, el dictamen de la iniciativa que en su momento presentó el Ejecutivo del Estado.
De esta manera, se precisa que las Agrupamiento Empresarial son aquellas concentraciones de empresas relacionadas entre sí, pertenecientes a un mismo sector, en una zona geográfica relativamente definida, conformando un polo productivo especializado con ventajas competitivas.
Las empresas socialmente responsables se definen como aquellas que asume el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes.
Al respecto, las agrupaciones empresariales tendrán como objetivo fungir como plataforma de diálogo entre el sector público y el privado para diseñar e implementar estrategias que favorezcan el desarrollo de la industria o sector.
Además de establecer Comités Especiales para proponer programas y proyectos que impulsen su crecimiento económico; proponer políticas, estrategias, acciones y programas para fomentar la investigación, innovación y el desarrollo tecnológico en su industria o sector.
Así como fomentar y diseñar programas de apoyo y fortalecimiento a la red de proveedores de bienes y servicios, especialmente para la integración de las MIPYMES con las grandes empresas.
De esta manera, operarán a través de los Consejos Ciudadanos Asesores que funcionarán como órganos auxiliares de participación ciudadana, consultivos, asesores, promotores, y representativos de los sectores empresariales, sindicales, educativos y gubernamentales, para el impulso y desarrollo de industrias y sectores económicos estratégicos para el crecimiento económico en el Estado.
Como parte del ejercicio legislativo, los integrantes de la Comisión dictaminadora consideraron prudente establecer que los Consejos Ciudadanos Asesores, que hayan adoptado la forma de Asociaciones Civiles o cualquier otra forma jurídica administren el presupuesto que reciban con eficacia, economía, transparencia y honradez.