Es necesario generar una propuesta legislativa que permita tomar medidas respecto a los millonarios laudos laborales que tienen los Ayuntamientos, pues se corre el riesgo de que estos lleven a las administraciones a la insolvencia o a la quiebra, señaló el diputado local José Luis Rocha Medina.

En el caso de Durango, dijo, los municipios de Lerdo, Pueblo Nuevo, Vicente Guerrero, Poanas, Súchil, Tepehuanes, Pánuco de Coronado y Nuevo Ideal son los que acumulan una mayor cantidad de laudos en contra.

El legislador panista recordó que tan solo en el caso de Lerdo se tiene pendiente de pago, consecuencia de sentencias por juicios laborales, una suma que asciende a poco más de 120 millones de pesos, debido a que se trata de unos 80 trabajadores despedidos por la administración municipal a finales del 2007.

Otro claro es el del Ayuntamiento de Cuencamé, que ha pagado, en lo que va de la administración, alrededor de seis millones de pesos por este concepto.

Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional considera necesario reformar y adicionar nuestra normativa municipal, dotando de nuevas funciones a determinados servidores municipales para el cumplimiento del pago de los laudos laborales y evitar el adeudo y perjuicio económico que afecta la hacienda pública municipal.

La iniciativa que se propone pretende establecer responsabilidades a los presidentes municipales, síndicos, tesoreros y representantes legales asignados, de atender adecuadamente y dar el seguimiento a los procedimientos laborales hasta, en su caso, el cumplimiento de pago de los laudos a través de diversas acciones y programas que se establezcan para dicho efecto.

Actualmente, agregó el diputado, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango no establece responsabilidades a dichos funcionarios encaminadas a la correcta atención de los juicios laborales que se presenten en contra de cada Ayuntamiento.

Además, se establece que una vez concluida la Administración Municipal, los nombramientos de los titulares de las dependencias, así como de los servidores públicos que fueron aprobados por el Ayuntamiento, quedarán sin efectos y solo tendrán derecho a las partes proporcionales que les correspondan por la conclusión del encargo.