La diputada Diana Barraza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa en el Congreso del Estado, con el objetivo de armonizar la legislación local con la Ley General de Educación y promover una mayor participación y responsabilidad de los municipios en la educación pública.

De acuerdo con el artículo tercero de nuestra Constitución, toda persona tiene derecho a la educación, y el Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- está obligado a impartir y garantizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. En este sentido, es fundamental reconocer que los municipios forman parte de las autoridades que intervienen en la impartición y garantía de la educación en prácticamente todos los niveles.

La diputada Barraza enfatizó que, en muchas situaciones, es la autoridad municipal la que se encuentra en contacto inmediato con la población, lo que le permite conocer de primera mano las situaciones y problemáticas que viven los habitantes de cada municipio. Esta cercanía y conocimiento son cruciales para abordar de manera efectiva las necesidades educativas de la comunidad.

Además, la educación no solo se refiere a la actividad docente y la asistencia del alumnado a las instituciones educativas, sino que también abarca un sinfín de fenómenos intrínsecos y anexos a la misma. Por esta razón, la Ley General de Educación, en su artículo 133, establece que en cada municipio se podrá instalar y operar un consejo municipal de participación escolar en la educación. Este consejo estará integrado por autoridades municipales, asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros.

El Consejo Municipal de Participación Escolar tendrá la facultad de gestionar el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas, asegurando la accesibilidad para personas con discapacidad, y otros proyectos de desarrollo educativo en el municipio. También estimulará, promoverá y apoyará actividades de intercambio, colaboración y participación interescolar en aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales. Además, promoverá programas de bienestar comunitario y la prevención de delitos que puedan afectar a niñas, niños y adolescentes.

La responsabilidad de asegurar una participación social efectiva en el Consejo recae en la persona titular de la Presidencia Municipal, quien debe contribuir a elevar la excelencia en educación y difundir programas preventivos de delitos contra menores y personas vulnerables.

En este contexto, la diputada Barraza destacó que el municipio libre es un referente en la organización social y política de nuestra nación, siendo un elemento fundamental para el funcionamiento y desarrollo de la vida pública. Por lo tanto, los municipios pueden ser un factor determinante en la educación pública de nuestro país.

La propuesta presentada por la diputada Barraza busca modificar el artículo 52 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Durango, incluyendo una nueva fracción correspondiente a las atribuciones del Presidente Municipal. Esto permitirá la instalación y operación de un Consejo Municipal de participación escolar en la educación, conforme a lo establecido en el artículo 133 de la Ley General de Educación.