La reactivación del campo duranguense es inaplazable, por lo que se requiere impulsar la reconversión productiva, aseguró el diputado Francisco Ibarra Jáquez al presentar la iniciativa de reformas a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado.
“Con estas acciones se busca que los productores, principalmente los pequeños y medianos, tomen la mejor decisión para incrementar sus ingresos y se logre avanzar en el ordenamiento de los mercados, a partir de desarrollar un ejercicio de planeación agrícola integral, así como elevar la competitividad de las cadenas productivas”, puntualizó.
Al realizar la ampliación de la iniciativa, destacó que el sector campesino demanda una mejora sustancial en su nivel de vida a partir de un mayor acceso a las oportunidades de desarrollo personal, comunitario y de una justa retribución por su trabajo, ya que el sector campesino es el de mayor importancia en el Estado.
De esta manera, explicó que la iniciativa propone que el gobierno estatal impulse la reconversión productiva sustentable con un enfoque de reordenamiento de la vocación productiva, considerando indicadores de desempeño y un diagnóstico social de la disponibilidad de productores a adoptar un nuevo cultivo.
“Este impulso a la productividad brindará prioridad a los pequeños y medianos productores del sector primario, de igual manera, con este esquema también se integran y simplifican los mecanismos de inducción y reconversión productiva, con el fin de darle claridad al productor sobre los diferentes incentivos con los que contará para que tome la mejor decisión sobre qué producir, en seguimiento a las demandas de los mercados regionales”, precisó.
Con las reformas, los gobiernos estatal y municipales en el ámbito de su competencia, estimularán la reconversión, en términos de estructura productiva sustentable, incorporación de cambios tecnológicos y de procesos que contribuyan a la productividad, al desarrollo regional, al reordenamiento de la vocación productiva sustentable y competitividad del sector agropecuario, a la seguridad, soberanía alimentaria y al óptimo uso de las tierras mediante apoyos e inversiones complementarias.
Además, el Estado creará los instrumentos de políticas públicas que planteen alternativas para las unidades de producción a las ramas del campo que vayan quedando rezagadas o excluidas del desarrollo; para ello tendrán preferencia las actividades económicas que preserven el equilibrio de los ecosistemas e impulsen el desarrollo regional.