“La igualdad de género debe traducirse en oportunidades reales y efectivas para ir a la escuela, acceder a un trabajo, servicios de salud y seguridad social, competir por cargos de representación popular, gozar de libertades políticas, sociales y económicas” señaló la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sandra Amaya Rosales.

Al presentar la iniciativa de reformas a la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres del estado, destacó que para que la igualdad sea una realidad, es importante tener presente que no basta con la acción de los gobiernos, sino que también es importante la participación de los ciudadanos.

En este sentido, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena explicó que con esta iniciativa se busca otorgar más herramientas legales al Poder Legislativo para que se garantice la asignación de recursos necesarios para cumplir con sus objetivos, como es la armonización legislativa.

Además de promover la incorporación de los tratados, convenciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos y en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en la elaboración de leyes.

“Es crucial abordar directamente la discriminación de género y promover la igualdad de género para asegurar, por un lado, que ningún niño y niña sufra, además de garantizar el logro de nuestra visión por un mundo en donde cada niño y niña cuente con igual derecho a la sobrevivencia, protección, desarrollo y participación”, puntualizó Amaya Rosales.

Agregó que en lo que se refiere al Tribunal Superior de Justicia se busca incorporar la perspectiva de género en las sentencias y resoluciones judiciales tomando en cuenta los impactos diferenciados entre mujeres y hombres en la interpretación de la norma jurídica.

Así como la interpretación y aplicación sobre una base de igualdad de los derechos de la mujer con los del hombre para garantizar la igualdad sustantiva y la eliminación de todo tipo de discriminación contra las mujeres bajo la protección más amplia de derechos humanos en las resoluciones y sentencias que emitan.

Además de institucionalizar la perspectiva de género al interior del Poder Judicial para eliminar brechas de desigualdad entre mujeres y hombres; así como fomentando la participación equilibrada y sin discriminación de mujeres y hombres en los procesos de selección, contratación y ascensos al interior del Poder Judicial.