Con el propósito de prevenir la comisión de delitos electorales y fortalecer la cultura de la legalidad, comenzaron las jornadas de capacitación en la Estrategia de Blindaje Electoral para los Servidores Públicos, en el proceso 2018-2019, dio a conocer la secretaria de Contraloría del Estado (SECOED), Raquel Leila Arreola Fallad.
En el marco de la Primera Reunión Ordinaria de la Asamblea Plenaria de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios (CPCE-M), Arreola Fallad destacó que se orientará a los funcionarios de dependencias y organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Estatal así como a los Ayuntamientos a través de las contralorías, actividad que concluirá el 9 de mayo.
“El blindaje electoral es un conjunto de acciones que promueve el Gobierno del Estado con la finalidad de evitar que los recursos públicos sean utilizados con fines político-electorales y además, de dar a conocer a los funcionarios sus derechos y obligaciones relacionados con las elecciones”, expresó.
La Contralora resaltó que los servidores públicos están obligados a cumplir con los principios que rigen nuestro actuar: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, así se combatimos la corrupción e incentivamos la transparencia y la rendición de cuentas, dijo.
El periodo de campañas electorales abarca del 10 de abril al 2 de junio, la SECOED mantendrá al servicio de la ciudadanía el Sistema Estatal de Denuncias para captar los comentarios e inconformidades respecto al actuar de los servidores públicos estatales. En el caso de los delitos, será la Coordinación de Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado la que de atención.
Por su parte, Luis Arturo Rodríguez Bautista, director Jurídico del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) expresó durante su ponencia que el blindaje electoral busca inhibir las conductas violatorias a las normas, mediante la realización de acciones preventivas como estos foros que organiza la Contraloría del Estado pues se favorece el diálogo.
En el evento de capacitación se contó con la presencia del fiscal anticorrupción, Héctor García Rodríguez; Felipe Coria Quiñones, presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción (SLA), Felipe Coria Quiñones; la coordinadora estatal de la CPCE-M, Rocío Marrufo Ortiz y el magistrado presidente del Tribunal de justicia Administrativa, Gerardo Gallegos Isais así como servidores públicos estatales y contralores municipales.
Los servidores públicos deberán abstenerse de condicionar, amenazar o suspender la entrega de recursos provenientes de programas sociales en dinero o especie; utilizar el patrimonio con fines proselitistas, incluso a partir del 30 de mayo los vehículos oficiales serán resguardados, a excepción de los que presten servicios de salud, seguridad o protección civil.