La iniciativa de reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales tiene como objetivo evitar el uso del celular, u otro medio tecnológico de comunicación, durante el tiempo en que se reciben las boletas y hasta que las depositan en la urna, para evitar que se viole el secreto del voto, informó el diputado Francisco Ibarra Jáquez.

Al realizar la ampliación de motivos, destacó que, al violar la secrecía del sufragio se atenta contra la libertad de decidir.

“Los diputados debemos estar preocupados y ocupados por garantizar que cualquier proceso electoral se realmente un ejercicio democrático, no dejemos espacios vacíos que puedan ser usados para la manipulación y el “mapacheo electoral”, trabajemos en estos temas, tenemos el tiempo necesario para hacerlo y creo que también tenemos todos, la voluntad que se requiere”, precisó.

Por ello, consideró importante, fijar reglas encaminadas a impedir la desacreditación de los distintos procesos electorales, que brinden tranquilidad y acrediten la secrecía y libertad durante la emisión del voto, y también aunado ello se puedan disminuir las formas en que los enemigos de la democracia empleen estrategias ilegales y oportunistas basadas en la necesidad de los ciudadanos para incidir en los resultados de la jornada electoral.

“En función del avance tecnológico en materia de comunicación, es oportuno fijar candados que eviten en gran medida, la manipulación, coacción o compra del voto, mecanismo que muchas veces se da a través de la información que surge en el momento y directamente desde la casilla durante el proceso que conlleva el sufragio”, expresó Ibarra Jáquez.

Agregó que el voto es el motor que impulsa el proceso de representación política, que se consolida mediante el derecho del ciudadano a expresar su preferencia partidista, en función a ello, se debe cuidar y garantizar que el derecho a ejércelo de una manera libre y secreta nunca sea trasgredido.

Finalmente, comentó que las instituciones electorales en México han desempeñado un papel determinante en el proceso de cambio político, donde las irregularidades que se manifestaban en actos de manipulación de las elecciones y que afectaron la legalidad democrática han disminuido sustancialmente gracias a la intervención de las autoridades electorales.